LUV

Mediterráneo, 9 de febrero de 2006
L. U. V.
España es un estado democrático de derecho, con su Constitución y tribunales, pero el Parlamento Europeo y cuatro maliciosos creen que no y además lo difunden a los cuatro vientos. En el 2003 un canadiense de Benissa con un chalet que parece no tener licencia e investigado por posible fraude fiscal, achaca abusos a la LRAU y junto a 15.000 quejas, que nadie ha comprobado, van a la Comisión de Peticiones Europea, luego algunas micro manifestaciones y tres miembros de la Eurocámara, bastante estrambóticos, deciden que nuestra ley no vale y pretenden modificar nuestro ordenamiento jurídico sin legitimidad. Grupos de presión europeos y algunos politiquillos aprovechan la oportunidad para denostarnos. Que una ley aprobada por el PSOE y aplicada por el PP sea innovadora y se copie por varias autonomías, que suponga desarrollo y que sus fallos se solventen con la nueva Ley Urbanística Valenciana, no vale para nada, quieren una moratoria o sea que se pare nuestro crecimiento, construcción y turismo, motores de nuestra economía, a hacer puñetas, qué casualidad que esto no afecta a catalanes o andaluces. Unos cuantos extranjeros llegaron en los 60 y compraron por precios ridículos a propietarios desinformados terrenos cerca del mar que les permitían vivir como privilegiados. Ahora cuando hay que urbanizar, hacer calles, aceras, desagües, alumbrado, etc., eso no lo quieren pagar. El extranjero que para veranear, jubilarse o invertir compra aquí un apartamento, no tiene ningún problema, porque compra en un edificio legal y urbanizado pero paga lo que vale. En algo estaremos equivocados, cuando no somos capaces de contrarrestarlos. ¿A quién beneficia nuestra ruina?