Mediterráneo, 14 de diciembre de 2011
LA CAUSA DE LOS TRAJES (Y DE LA SINRAZÓN)
Para evitar malas interpretaciones dejaré claro que la corrupción es absolutamente intolerable, hay que acabar con ella y los corruptos deben responder de sus actos. Con la misma intensidad considero que un estado de derecho tiene en la justicia uno de sus tres pilares y que debe ser justa, imparcial, independiente y rápida. Para lograrlo requiere una designación de sus cúpulas, tanto en la judicatura como en la fiscalía, ajena a partidos políticos, y una dotación presupuestaria suficiente. No es de recibo que algunos juzgados no tengan ni folios. También es de lógica que el presupuesto existente se gaste con racionalidad y sin derrochar medios, que son escasos, en espectáculos mediáticos. En tiempos de recortes a todos los niveles, no se entiende la existencia de un jurado, que supone un gasto desmesurado, que es totalmente ajeno a la tradición española, y supone una influencia anglosajona extravagante. Otro principio jurídico básico es el de la proporcionalidad, en un juicio en el que achacan 14000 € a un acusado y 7000 a otro, y que la máxima condena es de 41000 € de multa. ¿Es lógico gastar cientos de miles de euros? No hay que ser experto financiero para darse cuenta de la sinrazón de este megagasto que incluye además 90 testigos, 13 peritos, 19000 páginas, 56 tomos de sumario y 150 periodistas.
El montaje mediático ¿es justicia o circo? Como jurista me parece tristísimo que se prime el show en un foro judicial, la justicia es algo mucho más serio que esto, y que lleva a que otros acusados prefieran reconocer una culpabilidad y pagar la multa a pasar por la tortura del banquillo a pesar de considerarse inocentes.
Pensemos que con arreglo a la Constitución, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. La realidad es que ser imputado ya supone una condena social y mediática, y aunque se sea inocente, pasar el trago de un juicio es duro y nunca se tiene la certeza de lo que puede pasar, y si eso ocurre con jueces profesionales, con un jurado puede convertirse en una lotería.
Además, en este caso concurren extrañas paradojas que no dejan de levantar ampollas. Lo primero es el supuesto delito de cohecho impropio pasivo, en la carrera desde luego no se estudiaba, ni tengo noticia que jamás se haya condenado a nadie por él. Si se juzgara a todos las autoridades que han aceptado algún regalito, costumbre que en Navidad se incrementa, ya podemos crear cientos sino miles de juzgados. Curiosamente no se han investigado con la misma intensidad casos infinitamente de más volumen económico que han manchado a los políticos del partido que era dominante. La segunda es la persona del juez Climent, del que no dudo de su honorabilidad, pero es un hecho que desempeñó altos cargos de designación directa con el PSOE en la Comunidad Valenciana, este dato en cualquier país civilizado lo inhabilitaría para este juicio, y luego hace cosas tan singulares como no excluir del jurado a una candidata socialista de las últimas elecciones, solapar el juicio con la constitución del nuevo gobierno o autorizar la retransmisión televisada de parte del juicio, no de todo, sólo de las declaraciones de los “más famosos”, facilitar del todo el trabajo a los medios, lo que está bien, pero no tener la delicadeza de reservar un banquito para los familiares, el mismo juez que exoneró a Ángel Luna de forme expresa de las relaciones entre la reforma de su casa y adjudicaciones públicas a la empresa que las realizó.
Me voy a centrar en nuestro convecino Ricardo Costa, en cuya situación aún concurren más “rarezas”. Y es que es incomprensible que sea imputado por un delito que no puede cometer, ya que era secretario general del partido, como el señor que es administrador de su empresa, no puede en función de su posición otorgar contratos de favor, ya que no tenía ningún poder de decisión en la administración autonómica. Por ello mismo, según la ley, no puede ser juzgado por un jurado, y estas cuestiones pueden dar base para pedir la nulidad de actuaciones. Recordemos que la causa se archivó en 2009 por el TSJCV, si bien el TS lo anuló posteriormente, Costa fue el único de todos los imputados que recibió el voto unánime de todos los magistrados en sentido absolutorio. Y para colmo, el hecho de no ser funcionario o cargo público, es el argumento usado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para archivar la causa a otros imputados, citando literalmente como ejemplo el caso de Ricardo Costa, o sea a otros se les libra con sus razonamientos pero a él no.
Ojalá prevalezca la justicia, pero la de verdad, se declare inocente a quien lo es, y se acabe definitivamente con el circo de la sinrazón.
