RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS
Una estafa
según la RAE es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a
alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Millones de ciudadanos estamos
sufriendo grandes perjuicios patrimoniales, nos han engañado de manera continuada
y muchos de los responsables están forrados. Mentir es gratis.
Si un
administrador de una sociedad realiza una administración nefasta y negligente,
derrocha, miente y falsea, es responsable ante sus accionistas y acreedores,
frente a todos aquellos a los que ha perjudicado. No es comprensible que la
clase política, incluyendo directores de empresas y cajas pseudo públicas que
han arruinado la estructura sobre la que mandaban, no tengan ningún tipo de
responsabilidad por sus actos y se vayan a sus casas con jubilaciones doradas
cuando no con indemnizaciones escandalosas. La salud social exige que se ponga
freno a esta situación que ya podemos ver a dónde nos conduce. Ineptos,
endiosados, rapiñadores o falaces hacen lo que quieren, gestionan de modo
nefasto con malicia o negligencia y luego se lavan las manos, sin asumir
responsabilidades ni civiles ni penales. Esta impunidad es vergonzosa y deberían
existir los mecanismos jurídicos que permitieran sancionar a este tipo de
no-gestores que se ríen del déficit y despilfarran un dinero que no es suyo.
Alguna
normativa hay en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de Regulación
Jurídica de las Administraciones Públicas que permite reclamar a la
administración por los perjuicios que haya ocasionado una autoridad pública,
pero no parece que se use, será que no interesa, porque ¿quién le pone el
cascabel al gato?
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